Kim Kataguiri: Esta situación puede incluso ser ventajosa desde el punto de vista de la estabilidad financiera del prestador, pero genera distorsiones importantes desde el punto de vista regulatorio, ambiental y social.
Kim Kataguiri: Es importante reconocer, no obstante, que los servicios de saneamiento tienen costes fijos relevantes, como el mantenimiento de redes y de estaciones de tratamiento y la disponibilidad permanente de la infraestructura, que necesitan ser financiados de forma estable.
La simple prohibición de la cobranza por consumo mínimo, sin una reestructuración tarifaria, podría generar inseguridad regulatoria y comprometer el equilibrio económico-financiero de los contratos de concesión vigentes, transfiriendo costes de forma desordenada.
Kim Kataguiri: Además, la prohibición específica de la cobranza de tarifa mínima únicamente respecto a los condominios con múltiples unidades inmobiliarias y contador único podría generar serias distorsiones en relación con los demás usuarios del mismo servicio, lo que comprometería el principio de igualdad, esencial para la prestación de un servicio adecuado.
Kim Kataguiri: Ante este escenario y corroborando el entendimiento de la Agencia Nacional de Aguas y Saneamiento Básico (ANA), expresado mediante la Norma de Referencia nº 13/2025, entendemos que la estructura tarifaria debe componerse de una parte fija, correspondiente a la tarifa básica, y una parte variable, correspondiente al consumo real.